Por denuncia de Berti allanaron oficinas de Gilli Inmobiliaria

Las oficinas que la empresa Gilli Inmobiliaria ocupara en nuestra ciudad fueron allanadas ayer por la mañana como consecuencia de una denuncia presentada por el intendente Jorge Berti ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la cual pide que se investigue la presunta comisión de delitos en el Loteo Don Carlos. La medida se llevó adelante pese a que la oficina, sita en San Martín 1067, fue desocupada a mediados de abril y, como se suponía, el resultado fue negativo. Se trató de una formalidad en el marco de una investigación más amplia que encabeza el fiscal regional Dr. Jorge Baclini y que incluiría allanamientos en Rosario y otras localidades.

El allanamiento de ayer fue encabezado por la fiscal Analía Saravalli y lo efectuó personal de la Policía De Investigaciones a cargo del comisario Eduardo Ramus con apoyo de efectivos de la Comisaría 1ª. También estuvo presente el jefe de la Unidad Regional VI, comisario mayor Marcelo Albornoz. Saravalli señaló a Diario EL SUR que Baclini designó a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario para que investigue el accionar de Gilli Inmobiliaria. Asimismo trató de llevar tranquilidad a los fiduciantes asegurando que el interés del Ministerio Público de la Acusación es que la empresa cumpla con el compromiso adquirido y cumpla con las obras.

La orden para el allanamiento de ayer, que se inició aproximadamente a las 10.15, fue firmada por el juez Ignacio Vacca y el objetivo era secuestrar documentación relativa a la constitución del Fideicomiso Villa Don Carlos; estados contables desde la constitución del mismo y libros contables del referido fideicomiso. También buscaban contratos celebrados con los proveedores de obras y servicios del loteo, planos de la urbanización, contratos celebrados con los adquirentes y otros contratos celebrados en el marco del fideicomiso. Además acceder a "las computadoras y equipos informáticos localizados en todas las citadas oficinas, a través de procedimientos técnicos que permitan generar imágenes y/o copias de la información existente". Nada de lo anterior pudo concretarse dado que la oficina estaba vacía.

Denuncia

La denuncia del intendente ingresó a la Unidad Fiscal de Villa Constitución el lunes 18 de abril y fue elaborada por el asesor legal del municipio, Dr. José María del Valle. Además de pedir la investigación de los presuntos ilícitos cometidos por Gilli Inmobiliaria con relación al destino de los lotes en caución, en el escrito, que consta de unas 30 carillas, se solicita que se investigue si los funcionarios municipales de la gestión de Horacio Vaquié cumplieron en controlar a la empresa. O, si por el contrario, incumplieron con denunciar las posibles irregularidades que hubieran advertido. En síntesis piden que el MPA investigue tanto a Gilli como a las anteriores autoridades municipales.

"La Asesoría Letrada de la Municipalidad, en base a las actuaciones administrativas, entendió que había unos supuestos que merecían ser denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación y formuló una denuncia para que se investiguen determinadas circunstancias", precisó el asesor legal del municipio, Dr. Omar Ferreyra, tras el allanamiento. Ampliando detalló que en la denuncia "se señalan hechos y se aporta documentación para que se investigue si algunas conductas vinculadas en la relación con el municipio, sobre todo lo vinculado a los lotes en garantía, pueden constituir un ilícito o no".

Documentación

Asimismo aclaró Ferreyra que la denuncia figura como asentada por Jorge Berti y no la municipalidad, porque es la manera de "caratular (en el MPA) hasta que hagan algún tipo de imputación o lo que fuere, si es que lo hacen". Por lo demás manifestó desconocer detalles de la investigación, salvo que "estaban haciendo algunas diligencias probatorias con el soporte y el apoyo del fiscal regional, el Dr. Jorge Baclini". Por otra parte estimó que de la investigación "podrían surgir derivaciones vinculadas al propio accionar respecto de los fiduciantes clase B, pero esa es una cuestión que nos excede".

"Nosotros señalamos, fundamentalmente, que lotes que correspondían a la Municipalidad en garantía habían sido cedidos o transferidos a fiduciarios clase B en perjuicio de la Municipalidad, por eso solicitamos que se investigue eso", reiteró Ferreyra. "Nosotros aportamos documentación, parte del expediente administrativo", puntualizó y agregó que se sumó la documentación presentada por fiduciantes que habrían adquirido parte de los lotes que debían permanecer en garantía.

Incumplimiento

Consultado sobre si la denuncia incluye el incumplimiento de los plazos de obra del loteo aclaró que "no en principio. Esas son otras cuestiones administrativas que estamos analizando en base a los informes técnicos reunidos y que estamos reunidos. Desde esta Dirección hemos aconsejado no tomar todavía ninguna decisión en particular sobre eso. Si nos parecía, con el Dr. Del Valle, que existía la posibilidad de algún ilícito penal que merecía ser investigado y es nuestro deber de funcionario público, cuando tenemos una situación así, ponerlo en conocimiento del órgano competente, en este caso el Ministerio Público de la Acusación", remarcó Ferreyra contrastando su actitud con la adoptada por la anterior gestión municipal.

Futuro incierto

La fiscal Analía Saravalli aseguró que la intención de la Fiscalía Regional es lograr que la empresa cumpla con realizar las obras proyectadas en el loteo Don Carlos, el Dr. Omar Ferreyra fue más realista y menos optimista: "Como funcionario municipal tengo que atenerme a lo que veo en el expediente y nuestra sensación es que falta muchísimas obras para hacer, que eso implica un dinero muy importante y que el dinero que tienen a recaudar es sensiblemente inferior y que lo que han recaudado hasta ahora no se sabe a ciencia cierta en que lo pudieron haber gastado".