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BUENOS AIRES (Redacci贸n) ─ La ex presidenta Cristina Kirchner present贸 unescrito ante el juez federal Claudio Bonadiopor la causa "d贸lar a futuro". Lee el documento completo.
Como suele hacer, comparti贸 la informaci贸n en su cuenta de Facebook para que sus seguidores tengan acceso antes de que deje los tribunales de Comodoro Py.
Aqu铆 lo que public贸:
Se帽or Juez:
Cristina Fern谩ndez de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa N潞 12.152/15 caratulada "Banco Central de la Rep煤blica Argentina s/defraudaci贸n鈥", en tr谩mite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N潞 11, Secretar铆a N潞 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2潞 A, a V.S. digo:Que a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestaci贸n, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaraci贸n indagatoria ordenada en autos.
II.
Introducci贸n.
1) Cada vez que un Movimiento Pol铆tico de car谩cter Nacional y Popular fue derrocado o finaliz贸 su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistem谩tica la descalificaci贸n de sus dirigentes, atribuy茅ndoles la comisi贸n de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupci贸n generalizada y bienes mal habidos.
Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro, imponer programas de "ajuste" y endeudamiento -matrimonio indisoluble- utilizando la supuesta corrupci贸n para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los a帽os cada uno de esos supuestos "procesos moralizadores" devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayor铆as a las elites gobernantes y sus grupos econ贸micos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupci贸n para hacer operativas esas pol铆ticas.
No son pocos los hechos hist贸ricos que as铆 lo demuestran. El primer ex Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista, por una raz贸n muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese momento todav铆a lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar: Hip贸lito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, debi贸 sufrir ser investigado por una comisi贸n especial por supuestos hechos de corrupci贸n, siendo encarcelado en la Isla Mart铆n Garc铆a. Recuper贸 su libertad merced a un indulto que Yrigoyen rechaz贸. El d铆a que lo liberaron asum铆a el General Justo como Presidente de la Rep煤blica Argentina, dando inicio a lo que hist贸ricamente se conoce como "D茅cada Infame", llamada de esa forma por lo que constituy贸 un per铆odo de escandalosa corrupci贸n y entrega del pa铆s. Sin embargo, no se detuvieron all铆. Lo volvieron a encarcelar y pas贸 el 煤ltimo a帽o de su vida en Mart铆n Garc铆a. Eso s铆, esta vez no fue por corrupci贸n, lo acusaron de conspiraci贸n.
M谩s tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Per贸n. Durante sus dos Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y 茅poca. Una vez m谩s y tras el derrocamiento del General Per贸n, el gobierno de facto dict贸 el Decreto Ley 5143/1955 que cre贸 la Junta Nacional de Recuperaci贸n Patrimonial, una comisi贸n especial en franca violaci贸n del texto constitucional asign谩ndole funciones jurisdiccionales bajo el "loable prop贸sito" de obtener la incautaci贸n de todos los bienes de los que se habr铆an apoderado los funcionarios corruptos del anterior gobierno.
Pese al grado grosero de afectaci贸n de los principios m谩s elementales del Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso de las m谩ximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos sin abandonar sus citas leguleyas e invocaci贸n de valores 茅ticos que se correspond铆an con "su ser nacional".
A t铆tulo de ejemplo me permito citar el fallo de -una vez m谩s- la Corte Suprema Justicia de la Naci贸n del 21 de junio de 1957, en la causa "Juan Domingo Per贸n s/ bienes mal habidos". Aqu铆 en el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efect煤an los siguientes se帽alamientos:
"1掳 Que antes de la revoluci贸n de septiembre de 1955 el pa铆s se hallaba sometido a un gobierno desp贸tico, y en un estado de caos y corrupci贸n administrativa, debido a la acci贸n directa de las personas comprendidas en el decreto ley 5.148/55 y, en especial, a la del recurrente en esa causa.
2掳 Que uno de los fines primordiales de la revoluci贸n fue el de restituir al patrimonio p煤blico los bienes adquiridos il铆citamente por las personas indicadas, quienes, como es de p煤blica notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omn铆modo de que disfrutaba Juan Domingo Per贸n y del que hac铆a part铆cipe a sus allegados鈥"
Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, dec铆a lo siguiente:
"鈥sta opresi贸n innoble s贸lo ha servido para el auge de la corrupci贸n y para la destrucci贸n de la cultura y la econom铆a, de todo lo cual es s铆mbolo tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la patria, el avallasamiento de los jueces, la reducci贸n de la Universidad a una burocracia deshonesta y la tr谩gica encrucijada que compromete el porvenir de la Rep煤blica contra la entrega de sus fuentes de riqueza (diario "La Naci贸n", septiembre 23 de 1955m p谩gina 1)".
Cualquier coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.
La historia de dieciocho a帽os de proscripci贸n, lo acontecido en dicho per铆odo hist贸rico y finalmente el retorno de Per贸n al pa铆s para ejercer su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios.
2) En el a帽o 1976, la dictadura genocida m谩s sangrienta de nuestra historia sigui贸 id茅ntico camino respecto de las autoridades constitucionales que hab铆an sido derrocadas y de dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese Gobierno, es m谩s, algunos eran fuertes opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democr谩tico impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya hab铆an sido convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un pa铆s industrial donde la participaci贸n de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno.
As铆, el 21 de octubre de 1977, en el 谩mbito del Ministerio del Interior, se cre贸 la tristemente c茅lebre "Comisi贸n Nacional de Responsabilidad Patrimonial" (CONAREPA) que incaut贸 no s贸lo propiedades y bienes correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino tambi茅n a empresarios, dirigentes pol铆ticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos pol铆ticos. Eso si, bajo la p谩tina, siempre conveniente y medi谩tica, de lucha contra la corrupci贸n
Tambi茅n, de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso se帽alar que la participaci贸n del Poder Judicial siempre se convierte en condici贸n "sine quanon" para este tipo de pr谩cticas. En este sentido, un ejemplo paradigm谩tico es el caso de "Papel Prensa". En el mismo, todos los bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos a帽os y la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todav铆a los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver se encuentran sin recibir el correspondiente castigo.
Hace pocos d铆as se cumplieron 40 a帽os de lo que fue el Proceso "Moralizador" del 24 de marzo de 1976. Su saldo tr谩gico en materia de violaci贸n de DD.HH., endeudamiento, desindustrializaci贸n, financierizaci贸n de la econom铆a, a煤n lo estamos pagando en el sentido m谩s literal del t茅rmino.
Los antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la actualidad debe ser inscripto en un contexto pol铆tico e institucional que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos.
Precisamente por el valor hist贸rico de los expedientes, registros, actuaciones y toda otra documentaci贸n de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la Naci贸n dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como ejemplo de un pasado que no queremos repetir.
3) Sin embargo, una vez m谩s la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluaci贸n, despidos, persecuciones pol铆ticas, tarifazos en servicios p煤blicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresi贸n, son s贸lo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha provocado en apenas 120 d铆as. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupci贸n, son los mismos que durante los '80 y los '90 formaron parte de la "Patria Contratista" y su apellido estuvo indisolublemente ligado a esc谩ndalos y negociados con el Estado, ubicaci贸n de gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades off shore absueltos por la "mayor铆a autom谩tica", causal de Juicio Pol铆tico a miembros de la Corte Suprema, o la estatizaci贸n de la deuda de sus empresas; entre otros hechos de corrupci贸n. No deber铆a entonces llamarnos la atenci贸n que hoy ilustren la primera plana de todos los medios de comunicaci贸n internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y sociedades en para铆sos fiscales que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n presenta el caso "Panam谩 Papers" en su p谩gina web bajo el t铆tulo de: "Gigante fuga de registros financieros off shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupci贸n" (el subrayado me pertenece). Un esc谩ndalo global sin precedentes que trata de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y despliegue de medi谩ticas acciones judiciales.
Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez m谩s, de la difamaci贸n y la calumnia para su implementaci贸n, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodolog铆a no s贸lo es claramente visible en nuestro pa铆s, sino que se replica a escala regional como una matriz dise帽ada por expertos de otras latitudes.
La causa en la que aqu铆 presto declaraci贸n y otras que se agigantan por los medios de comunicaci贸n concentrados, son un ejemplo lamentable de lo que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros, que denunciaron a escala global el esc谩ndalo de "Panam谩 Papers", les llama la atenci贸n el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el diario alem谩n "S眉ddeutsche Zeitung" -peri贸dico que di贸 a conocer a nivel global el "Panam谩 Papers"- que de haber sido la Presidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la renuncia en forma inmediata (www.sueddeutsche.de/politik/panama-...).
III.Manifiesta.
1) Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que s贸lo a trav茅s de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
En primer lugar, cabe se帽alar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en t茅rminos judiciales, que haya sido citada a prestar declaraci贸n indagatoria cuando no existe ninguna menci贸n, y mucho menos imputaci贸n en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.Es m谩s, una simple lectura de los elementos de convicci贸n a los que el juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los t茅rminos previstos por el art. 269 del C贸digo Penal.
Concretamente, la resoluci贸n dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; as铆 quedar谩 acreditado en la esfera judicial competente.
En segundo t茅rmino, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigaci贸n y el que se me ha imputado.Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistem谩tica y concertada, llevamos a cabo acciones de car谩cter pol铆tico, t茅cnico y administrativo con supuestos prop贸sitos delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas ni requerido por el Fiscal.
Esta hip贸tesis de asociaci贸n il铆cita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela adem谩s la intenci贸n del Gobierno con la colaboraci贸n imprescindible del Poder Judicial de "plantar", a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad.
Como ya lo he dicho p煤blicamente y reitero una vez m谩s: no les tengo miedo. Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisi贸n explicitada p煤blicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posici贸n de privilegio en relaci贸n a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para m铆, un recurso ret贸rico.
En tercer t茅rmino, y desde un plano estrictamente jur铆dico tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo leg铆timamente por las autoridades del Banco Central de la Rep煤blica Argentina, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los prop贸sitos de su Carta Org谩nica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las pol铆ticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo econ贸mico con equidad social (art. 3).
Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el Sr. Ex Ministro de Econom铆a Dr. Axel Kicillof y los Sres. ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce, as铆 como tambi茅n los de los Directores y ex Directores de la misma instituci贸n, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Org谩nica del B.C.R.A. en su Cap铆tulo Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la Instituci贸n, en sus art铆culos 1, 2, 3 y 4, como as铆 tambi茅n el resto de las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta hermen茅utica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma.
Resulta insoslayable se帽alar que mi administraci贸n siempre busc贸 desarrollar una gesti贸n de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciaci贸n producir铆a los efectos m谩s desfavorables sobre la actividad econ贸mica en general.
Puede afirmarse que, por lo menos en este cap铆tulo no nos hemos equivocado y las consecuencias est谩n a la vista.Desde diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la desocupaci贸n, el aumento de la pobreza y la ca铆da de la actividad econ贸mica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una "maxidevaluaci贸n" llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy est谩n viviendo.
En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura medi谩tica mediante la sustanciaci贸n de esta causa.
Advi茅rtase que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la causa, en dos oportunidades manifest贸 que no hab铆a ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces 驴C贸mo puede ser que se impute la comisi贸n de un delito cuya supuesta consumaci贸n ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigaci贸n?
Por otro lado, tambi茅n se debe destacar que ninguno de los supuestos "terceros enriquecidos ileg铆timamente" por la operatoria del d贸lar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera que insin煤e esa l铆nea de investigaci贸n. Me pregunto: -驴Ser谩 tal vez que puedan encontrarse con alg煤n conocido que quieren mantener alejado de esta investigaci贸n y no seguir sufriendo nuevos traspi茅s pol铆ticos? Podr铆amos agregar como graciosa paradoja de estos "paladines de la moral" que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme por delitos econ贸micos con motivo, nada m谩s ni nada menos, que en la "operaci贸n" de endeudamiento conocida como "Megacanje". Huelgan los comentarios.
Por si todo ello fuera poco, en los 煤ltimos d铆as, hechos que son de dominio p煤blico muestran como los principios morales que tanto se predican resultan ser s贸lo un mero ejercicio distractivo y justificativo del ajuste, que ha quedado sepultado en el esc谩ndalo internacional de un Gobierno cuyo Presidente, sus familiares m谩s directos y sus funcionarios m谩s allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas que, seg煤n los par谩metros que V.S. ha elegido para imputarme en esta causa, merecer铆an ser tambi茅n investigados a la luz del supuesto delito de asociaci贸n il铆cita.
Adem谩s, y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operaci贸n de venta de futuro de d贸lares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, p茅rdida alguna y s贸lo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa.
En definitiva, la imputaci贸n sub litis resulta absurda tanto en t茅rminos facticos como jur铆dicos e ingresa en el terreno de lo rid铆culo. As铆 lo evidencian las preguntas "inquisidoras" que V.S. le ha formulado a alguno de los imputados, con la intenci贸n de tornar justiciables hechos de contenido estrictamente pol铆tico -terreno en el que el juez se movi贸 con muy poco 茅xito en sus cargos anteriores-, demostrando tambi茅n el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias t茅cnicas.
La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el Juez r谩pidamente instruy贸. Dos d铆as antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el B.C.R.A. con el prop贸sito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluaci贸n y no lo lograron.
Despu茅s de los resultados electorales, en contra de lo que p煤blicamente siempre sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y dijeran en m煤ltiples conferencias y sets de televisi贸n.
Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluaci贸n de la moneda que, como se vi贸, produjo efectos devastadores sobre la econom铆a.
Por 煤ltimo y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando falsamente a personas inocentes la comisi贸n de delitos, los cuales de haber existido, resultar铆an exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades.
En s铆ntesis: ellos denunciaron, intentaron con una "corrida judicial" una devaluaci贸n, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opini贸n p煤blica como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un l铆mite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia.
IV.-
Petitorio.
Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestaci贸n a los efectos que corresponda.
SER脕 JUSTICIA.
