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La queja de remiseros se basa según sus experiencias en la falta de regulación de dichas plataformas lo que hace inviable que puedan seguir subsistiendo.
Sergio Colazo, trabajador de remises y dueño de una de las agencias de la ciudad comentó que estuvo reunido con los concejales para poder encontrar una solución: “El tema está muy complicado. La realidad es que hay plataformas que no están reguladas dentro de nuestro sistema municipal, y eso nos afecta directamente a los que trabajamos de forma legal”, comentó.
Los choferes insisten en que existen diferencias entre los vehículos de aplicación y los remises de la ciudad, que tienen que cumplir muchos requisitos para poder trabajar: “La diferencia es clara: nosotros cumplimos con todo lo que pide la ley. Tenemos habilitación, chapa, seguro, controles, pagamos impuestos. Ellos no están dentro de ninguna reglamentación municipal. Están fuera de todo marco normativo. No hay control de quién maneja, no hay control del vehículo, no hay nada. En Rosario pasó lo mismo, y no se llegó a ninguna solución. La gente sigue usándolo igual. Y acá se suma algo peor: hay días que tenemos 10 taxis o autos con la plataforma de Rosario, trabajan acá y si pescan algo, se vuelven. No hay límite de jurisdicción, no hay respeto por el territorio”, añadió.
Sergio aclaró además todo lo que se necesita para poder trabajar como remis: “Para conseguir la habilitación nosotros pasamos por un proceso largo, a veces esperando meses. Antes incluso había cupos limitados, era como un privilegio que te daban. Hoy eso no existe más. Cualquiera se baja de la aplicación y empieza a trabajar. No les piden nada. Te puede venir a buscar alguien que recién salió del penal, que alquiló un auto por 50.000 pesos y sale a trabajar. Autos viejísimos, sin seguro, sin verificación técnica. Y nosotros, que hicimos todo bien, que invertimos, que cumplimos con cada requisito, nos vemos compitiendo con gente que no tiene ningún costo ni ninguna obligación. Es una competencia totalmente desigual. Nadie sabe quién los lleva. Nadie revisa los antecedentes, el estado del vehículo, si tiene cobertura en caso de accidente. Si pasa algo, ¿de quién es la responsabilidad? No hay nadie que responda. Es un peligro para todos”.
Respecto de alguna iniciativa para poder cambiar la situación dijo: “Hay un proyecto que vamos a estar tratando. La idea es regularizar esta situación, poner un marco claro, que no sea la selva. No se puede permitir que algo que funciona fuera de la ley compita con el trabajo formal de la gente. Es un tema de justicia, de seguridad y de respeto al trabajo de todos los que cumplimos las reglas”.
Luego Colazo profundizó un poco más en el tema u aseguró que “en 17 años se habilitaron solamente entre 20 y 25 unidades, de las 78 que están autorizadas por ordenanza. Es decir, menos de un tercio. Y encima hay un tema de las prórrogas: a algunos se les dio la habilitación anual, como corresponde. Pero a otros se les dio solo por 4 meses. ¿Por qué? Porque la municipalidad anunció que va a sacar su propia aplicación, parecida a la de Uber, y les dijeron: "no renueven, estiren, esperen, para fines de septiembre todo va a cambiar". Los que tenían que renovar en marzo siguen esperando, incumpliendo la ley. Y eso no es todo: hay vehículos que ya caducó su habilitación y siguen trabajando. Chapas vencidas, obleas vencidas, y siguen circulando como si nada. Empresas que ya no están en regla y siguen operando. Arriba de todo lo que nosotros cumplimos —impuestos, seguros, inspecciones, psicofísicos, antecedentes— tenemos que competir con gente que no cumple nada. Eso es competencia desleal pura”.
Los controles fueron tema a tratar también, porque los límites no son claros: “Esa es la pregunta del millón. ¿A quién le corresponde? ¿Tránsito? ¿Secretaría de Gobierno? ¿Control Urbano? ¿La municipalidad en su conjunto? Nadie se hace cargo. Los inspectores muchas veces no distinguen un remis habilitado de uno que no lo es. Si no tiene la oblea visible, no se dan cuenta. Y encima hay trucos: los que trabajan por aplicaciones sin regulación hacen sentar al pasajero adelante para que parezca un particular y no los detecten. Pero acá todos nos conocemos. En la calle se ve todo. Hasta el Fiat 1 que está medio torcido pero anda bien de motor, todos sabemos que es Uber. ¡Es inadmisible! A nosotros sí nos exigen todo: VTV al día, inspección del vehículo, antecedentes penales, dos exámenes psicofísicos por año, carnet específico, seguro especial, pago de la tasa correspondiente. Todo eso nos cuesta tiempo y dinero, y lo hacemos porque queremos trabajar dentro de la ley. Mientras tanto, el que entra por la aplicación no tiene que cumplir nada de eso. No hay control de antecedentes, no hay revisión del auto, no hay seguro de pasajeros. Es una diferencia abismal”.
El pedido del sector es claro: “Que se respeten las habilitaciones vigentes, que se hagan los controles efectivos para que no trabajen los que no están habilitados, y que cualquier aplicación que se implemente —sea municipal o no— exija los mismos requisitos para todos. No podemos seguir permitiendo que se ponga en riesgo el trabajo de años y la seguridad de los pasajeros”, sostuvo Colazo y añadió que “si nos dejan participar de las reuniones podemos encontrar la solución, pero no nos tienen en cuenta. Nosotros sabemos del tema”.
