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El crecimiento de las denuncias por violencia de género ha disparado innumerable cantidad de casos que salen a la luz y que son motivo de análisis en todas las esferas. El Poder Judicial ha avanzado en esta materia, ha endurecido las penas, pero también tiene algunos puntos negros que todavía no solucionó, como por ejemplo, darle la contención necesaria por parte del Estado para que quien haga la denuncia no se retracte posteriormente al encontrarse en alguna situación perjudicial.
Arroyo Al Día mantuvo una comunicación con el Dr. Fernando Virgili, quien dio algunos datos interesantes sobre este tema: “Legislativamente, el país cuenta con un marco penal sólido para abordar la violencia de género: las penas previstas en el Código Penal son severas, y en los casos más graves —en los que se atenta contra la vida y la integridad de la mujer— la ley contempla la prisión perpetua, un avance que no existía hace décadas. A nivel judicial, se han incorporado herramientas clave: la creación de las fiscalías de género, equipos especializados que abordan las investigaciones con un enfoque específico, distinto al de delitos comunes como robos o estafas. Los jueces, a su vez, aplican criterios más rigurosos, entendiendo que los delitos contra la integridad de las mujeres no pueden ser juzgados con parámetros de otra época”, comentó el abogado.
Para comprender el cambio, hizo una comparación con casos históricos:
Caso Monzón (década de 1980): “En ese momento no existía una figura legal específica para el femicidio. El hecho se encuadró en homicidio simple, con una escala penal de 8 a 25 años, y se dictó una condena de 11 años. La falta de agravantes vinculados a la relación de pareja —entonces se exigía el vínculo matrimonial para reconocerlos— dejó fuera la gravedad del contexto de violencia. Hoy, esa misma situación se juzgaría con penas de prisión perpetua”.
Caso Barreda: “Un profesional que atacó a su pareja y a sus hijas, donde sí se aplicaron los agravantes correspondientes, mostrando cómo la legislación fue incorporando estas realidades”.
El abogado agregó además que “este tipo de delito no distingue clase social ni circunstancia: puede ocurrir en cualquier entorno, y la violencia suele ser invisible desde afuera. Una pareja que se ve en aparente normalidad puede estar atravesando situaciones de riesgo extremo tras las puertas de su hogar. Existen mecanismos ágiles, como la prohibición de acercamiento y la exclusión del hogar, que se resuelven en horas sin necesidad de pruebas previas: basta con la declaración de la persona agredida. Sin embargo, el sistema sufre una sobrecarga estructural: los juzgados reciben una cantidad masiva de denuncias en toda la región —Villa Constitución, Rosario, San Lorenzo, Cañada de Gómez— y carecen de recursos humanos y materiales para dar respuesta integral”.
Posteriormente, Virgili abordó el tema desde lo social: “El obstáculo más profundo no es legal, sino económico y social. Si la mujer denuncia, el agresor puede perder su empleo, lo que deja a la familia sin ingresos, la cuota alimentaria se vuelve incierta, generando miedo a la falta de sustento y muchas mujeres dan marcha atrás con la denuncia por temor a quedar desamparadas, atrapadas entre el riesgo de la violencia y la necesidad de sobrevivir. Ahí lo que falta es un Estado presente. La ley y la justicia han avanzado, pero el sistema no logra bajar la tasa de violencia porque no hay contención real para quien denuncia. El Estado debe garantizar apoyo económico, laboral y social para que las mujeres no tengan que elegir entre su seguridad y el sustento de sus familias. Sin esa red de respaldo, las leyes por sí solas no alcanzan”.
Existen otras aristas sociales sobre las que el doctor opinó: los distintos tipos de violencia y los hijos de esas familias donde hubo violencia de género.
“Los hechos más graves de violencia casi nunca ocurren en la vía pública: se desarrollan en el ámbito privado, familiar, lo que los hace especialmente difíciles de detectar y prevenir. Por eso, las señales de alerta son la clave, aunque muchas veces no logran llegar a tiempo ni se reconocen con claridad. Las primeras alertas: violencia económica y dependencia. Antes de la agresión física, aparecen señales que pasan desapercibidas pero que constituyen violencia estructural: si una mujer no sabe cuánto gana su pareja ni cómo se manejan los recursos económicos, ya hay una restricción de autonomía y control. Frases como ‘yo te mantengo, no necesitás trabajar’ no son protección, sino aislamiento y dependencia. Esa persona se queda sin experiencia laboral, sin capacitación y sin herramientas para valerse por sí misma. Cuando la relación se rompe o hay un conflicto, esa mujer puede encontrarse a los 30, 40 o más años sin trayectoria laboral, sin formación y con enormes dificultades para insertarse en el mercado, queda atrapada en un círculo del que es muy difícil salir”, aseguró Virgili.
“A diferencia de otras conductas delictivas —como el microtráfico o la estafa— que tienen zonas, perfiles o circuitos identificables, la violencia de género no tiene clase social, edad ni territorio: está presente en todos los sectores y no se puede delimitar geográficamente. Esto la convierte en el delito más difícil de prevenir. A pesar de las inversiones y las políticas implementadas, las tasas no han bajado en décadas: mientras otros delitos disminuyeron, este sigue creciendo o manteniéndose”, sostuvo.
Otros daños colaterales a los que Fernando hizo referencia: “La violencia en el hogar no solo afecta a la mujer: los niños quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Pueden perder a su madre, o tener al padre privado de su libertad, quedando sin referentes ni contención. El Estado debe actuar también con ellos, garantizando protección, acompañamiento y herramientas para superar esa situación”.
En conclusión el letrado sostuvo que “las leyes y las penas son necesarias, pero no bastan. La verdadera prevención pasa por detectar a tiempo las situaciones de control económico, aislamiento y dependencia. Si no se brindan a las mujeres herramientas laborales, educación y apoyo económico real, muchas seguirán sin poder denunciar porque no tienen a dónde ir ni con qué sostenerse. La seguridad empieza por romper el círculo de la dependencia”
