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El letrado acercó a un par de sus colegas que se dedican a dar un marco legal a la protesta de los vecinos ante las autoridades provinciales.
Es sabido que el ensanchamiento de la ruta 21, su remodelación y el pretender transformarla en autovía, trajo un sinfín de inconvenientes que para los vecinos que vivieron toda una vida a la vera del recorrido en la ciudad y que hoy, pacientemente, pero sin dejarlo pasar, reclaman por la solución de lo que declaran daños ocasionados, tanto funcionalmente como económicamente.
El Dr. Gabriel Olivé, empleado municipal y ex funcionario de gobiernos anteriores, es uno de los damnificados por este tema y por ello buscó dar a sus pares una herramienta legal a la protesta que vienen realizando todos los miércoles corte mediante, y respuestas que no llegan.
Arroyo Al Día consultó al abogado acerca de la reunión que mantuvieron esta semana con dos prestigiosos colegas que se dedican a este rubro, con el fin de encarar la protesta desde un lugar con más estructura.
“Mantuvimos una reunión con los vecinos hace unos días y nos comentaron sobre la preocupación que tienen por el tema de la traza de la ruta 21 y le ofrecimos una herramienta que faltaba que es la legal. Por mi profesión tengo contacto con profesionales que se dedican a este tipo de casos como Ciro Bonomelli y Matías Yunis. Son especialistas en recursos administrativos y amparos contra el Estado. Son los mismos que representaron a dos kayakistas que lograron paralizar la obra del parque acuático en Rosario junto a la demanda presentada por Monteverde. Son especialistas en este tipo de casos. Van a patrocinar a 4 o 5 vecinos de la traza, los más damnificados que vive sobre la traza”, dijo Olivé.
“El dinero para su contratación lo dispuso el Concejo Municipal y la reunión de este jueves sirvió para acordar quiénes serán los actores que van presentar esta demanda judicial, que será un recurso administrativo contra el gobierno de la provincia, ante el Ministerio de Infraestructura, el de Gobierno, la Agencia de Seguridad Vial y Vialidad”, continuó Gabriel.
En detalle el abogado expresó que “queremos conocer la calificación legal que tiene la traza ahora porque todo el mundo habla pero nadie ha tenido acceso a la calificación de autovía o ruta. Se va a saber quién ordenó la obra, quién hizo el proyecto técnico, porque el sentido común indica que lo hizo alguien que no estuvo en la ciudad, porque no conoce la realidad fáctica de los que vivimos allí como yo. Se hizo una obra que era necesaria por el estado de la ruta, pero ahora se genera un problema muy grave en cuanto a la seguridad vial, que sufre la velocidad excesiva de los camiones que vienen vacíos desde el norte al sur. La traza no permite el estacionamiento, la salida y entrada de los vehículos a los domicilios. Creo que todo esto es porque no han tenido respuestas positivas de parte del gobierno provincial y yo lo asocio a la falta de gestión local. Son decisiones políticas, se podría haber solucionado antes. Desde el mes de enero se corta la ruta, se protesta y no se obtienen respuestas. Con esta alternativa judicial, la provincia deberá presentarse a dar las explicaciones que se le pide”, cerró.
