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La Dra. Stella Maris Ciarello, hoy funcionaria del gobierno de Daniel Tonelli en la ciudad dejó una reflexión para recordar este día.
DE BEIJING A 2026: 30 AÑOS DESPUÉS, LA IGUALDAD NO PUEDE ESPERAR 286 AÑOS
En este año 2026, ONU Mujeres convoca bajo el lema: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”.
Pero el llamado viene acompañado de una confesión inquietante: estamos en el segundo cuarto del siglo XXI y ninguna nación ha cerrado las brechas jurídicas entre hombres y mujeres. En promedio, las mujeres cuentan apenas con el 64% de los derechos legales reconocidos a los hombres. En ámbitos centrales de la vida —trabajo, ingresos, seguridad, familia, propiedad, movilidad, comercio y jubilación— las leyes aún establecen desventajas sistemáticas.
Y el dato más contundente: si el ritmo actual se mantiene, se necesitarán 286 años para cerrar las brechas en la protección jurídica.
Doscientos ochenta y seis años no son una proyección técnica. Son un llamado de alerta. Porque cuando el derecho tarda casi tres siglos en igualar, deja de ser garantía para convertirse en promesa.
Vale la pena retroceder tres décadas. En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing reconocía que, aunque se habían logrado avances importantes, persistían desigualdades profundas y obstáculos estructurales que afectaban el bienestar de los pueblos. Allí los Estados se comprometieron “sin reservas” a promover el adelanto de las mujeres con acción urgente y espíritu decidido.
Años más tarde, el 4 de marzo de 2011, Michelle Bachelet, primera Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, afirmaba con convicción que el logro de la igualdad estaba más cerca que nunca y que la igualdad de género ocupaba un lugar firme en las agendas de desarrollo, paz y seguridad.
Desde entonces, se multiplicaron conferencias, convenciones internacionales, planes estratégicos, presupuestos específicos, capacitaciones, campañas, movilizaciones y programas en todos los niveles del Estado. Hubo avances indiscutibles. Sin embargo, cuando el propio organismo internacional admite que la igualdad legal demandará casi tres siglos, queda en evidencia que la arquitectura global presenta límites estructurales para transformar declaraciones en garantías efectivas.
Los organismos internacionales pueden recomendar, medir, publicar informes, exhortar. Pero no pueden obligar. La implementación real de derechos depende de la voluntad política de cada nación, y esa voluntad muchas veces queda condicionada por intereses económicos, pactos partidarios, presiones corporativas, agendas religiosas o estrategias electorales. Allí es donde el derecho corre el riesgo de volverse declaratorio.
La contradicción es evidente: vivimos en la era del conocimiento, debatimos inteligencia artificial y exploración espacial, pero aún no garantizamos igualdad jurídica plena para la mitad de la población mundial. La humanidad llegó a la luna; sin embargo, no logra cerrar brechas legales básicas. No es un problema de capacidad técnica. Es un problema de organización del poder.
¿Cómo se sale de esta situación? No resignándose ni esperando que el tiempo corrija lo que la política no resuelve. El progreso no es automático.
Salir del estancamiento implica decisiones concretas: pasar de derechos reconocidos a derechos garantizados. Implica sistemas de justicia ágiles, accesibles y sin barreras económicas; medidas de protección eficaces; capacitación permanente para quienes intervienen en situaciones que afectan a mujeres y niñas; presupuestos suficientes y auditables; indicadores claros; evaluación constante; transparencia en la inversión pública.
Las transformaciones no se producen únicamente en foros internacionales. Se construyen en los territorios, en cada política pública, en cada asignación presupuestaria. La igualdad no es una agenda sectorial ni secundaria: es condición básica para una democracia real.
Treinta años después de Beijing, el mundo no puede limitarse a administrar la desigualdad ni a medirla periódicamente como su fuera un fenómeno natural. Si continuamos haciendo lo mismo, los resultados no serán distintos.
Reconocer la debilidad presente no es rendirse, es el primer acto de honestidad colectiva y también es reconocer las fortalezas: Una conciencia social que ya no acepta la injusticia como destino, generaciones que nombran la desigualdad sin pedir permiso, mujeres que gobiernan, legislan, juzgan, organizan, emprenden y sostienen comunidades aun cuando las estructuras no fueron pensadas para ellas.
Si el mundo necesita 286 años para cerrar brechas jurídicas, entonces el problema no es el tiempo, el problema es el sistema.
Si Beijing fue la esperanza, 2026 debe ser el año del coraje político: aceptar que no alcanza con declarar derechos, es necesario garantizarlos.
Dra. Stella Maris Ciarello
Abogada
