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Cartes, en tanto, rechazó las medidas por “infundadas e injustas”.
La medida alcanza también a Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes, hijos del
exmandatario anunció esta mañana el embajador de Washington en Asunción,
Marc Ostfield, en conferencia de prensa.
“Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación
del crimen transnacional que involucraba a su socio”, afirmó el
diplomático. Agregó que eso “le permitió” al expresidente “participar en actividades
corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por
Estados Unidos”.
Aunque Ostfield no identificó a ese “socio”, el diario asunceño ABC Color
dijo que se trata del brasileño Darío Messer, de quien se supone que es el
mejor amigo y “hermano del alma” del expresidente.
Messer, considerado “el financista detrás del mayor entramado de lavado de
dinero en la historia de Latinoamérica”, fue condenado en 2020 a 13 años y
cuatro meses de prisión por la justicia de Brasil, que el mes pasado
ratificó la sentencia al rechazar una apelación, según el sitio web
especializado Insight Crime.
“En total, se cree que la red de Messer movió 1.600 millones de dólares por
canales ilícitos a través de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países
entre 2011 y 2017” y que “Messer facilitó esta red mediante el acceso a las
élites políticas y empresariales, a la vez que se ocultaba y vivía en
Paraguay, donde supuestamente recibía protección de los más altos niveles”,
agregó esa página en un reciente informe.
Ostfield sostuvo que Cartes buscó protegerse a sí mismo y a su “asociado
criminal” para evitar ser juzgado y las eventuales consecuencias política
de un proceso, y subrayó que el secretario de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken, “tiene información creíble” sobre el caso.
“Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas
de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e
impunidad dentro de la oficina del presidente de Paraguay”, remarcó el
embajador.
En un texto entregado a los periodistas en la conferencia del embajador, el
Departamento de Estado afirmó que la conducta de Cartes “afecta
directamente los intereses de seguridad nacional, económicos y de política
exterior de Estados Unidos”.
Asimismo, explicó que la sanción fue adoptada ahora, pese a que las
sospechas y las investigaciones sobre la actividad del exmandatario llevan
algún tiempo, porque “el Departamento obtuvo recientemente información
fidedigna” sobre el caso.
“Ante la designación anunciada por la embajada de Estados Unidos, niego y
rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e
injustas”, afirmó Cartes en un comunicado divulgado poco después.
“Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la
información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer
los asuntos que nos cuestionan”, agregó, según el diario paraguayo La
Nación.
En tanto, uno de los abogados de Cartes, Pedro Ovelar, sostuvo que el
exmandatario “es víctima de una persecución del gobierno (paraguayo) que
tiene objetivos electorales” y subrayó que “es muy difícil creer que esto
no tenga que ver con una acción política generada desde el sector local”.
Ovelar añadió que lo anunciado por el embajador estadounidense es “solo una
declaración” basada en información “infundada” y remarcó que hasta ahora
“no se han dado a conocer hechos específicos” cometidos por su defendido.
En los últimos meses, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o
Bienes (Seprelad) paraguaya emitió un informe sobre un presunto esquema de
lavado de activos que involucra a Cartes y otras personas allegadas, así
como a varias de sus empresas, y remitió los antecedentes a la Fiscalía,
según lo revelado por la prensa local a fines de mayo pasado.
El reporte indica que las firmas locales del exmandatario, que actúan en
varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones
para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de
cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del
tránsito por el mismo corredor logístico”.
Entre las empresas señaladas en ese informe figuran Tabacalera del Este
(Tabesa), Palermo, Unicanal y Cementos Concepción (Cecon), así como la
Fundación Ramón T. Cartes y Sarah Cartes, hermana de Horacio y principal
accionista y gerente general del banco Basa.
Asimismo, menciona como uno de los “clientes llamativos” de las empresas de
Cartes a Mercuy Tabacos, vinculada al diputado Erico Galeano, “con reportes
recientes asociados a supuestos comercios ilegales”.
Además, cita “pruebas” de conversaciones por teléfono celular entre Cartes
y otros dos individuos, aportadas por la Policía Federal de Brasil y que
los incriminarían en el contrabando de cigarrillos.
Por otra parte, Tabesa se vio implicada en el caso del avión
venezolano-iraní retenido en la Argentina desde el 10 de junio.
Antes de llegar a Buenos Aires, esa aeronave transportó a Aruba un
cargamento de cigarrillos de Tabacalera del Este, de acuerdo con un informe
remitido la semana pasada por la Seprelad a la Unidad de Información
Financiera (UIF) de la Argentina, según el diario asunceño Última Hora.
Cartes fue el antecesor del actual presidente, Mario Abdo Benítez -gobernó
entre 2013 y 2018-, con quien está enfrentado dentro del Partido Colorado
oficialista.
El exmandatario no es el primer político paraguayo incluido por Estados
Unidos en su lista Engel, en la que desde abril de 2021 figura el diputado
Ulises Quintana, quien en octubre de 2020 fue excarcelado tras pasar dos
años en prisión preventiva, acusado de lavado de activos y asociación
ilícita.
