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El convenio entre la Municipalidad de Arroyo Seco y la empresa cerealera ADM, que intenta el Ejecutivo refrendar en el Concejo Deliberante, tajo inesperadas complicaciones. Cuando se iba a votar, concejales de la oposición se levantaron de la sesión para evitar dar quórum.
Según el Presidente del Concejo, del bloque oficialista podríamos decir, no le dio el permiso correspondiente invocando un artículo (128) del reglamento interno. Automáticamente se dio quórum y se voto favorablemente el acuerdo con sólo tres votos.
Ante esta situación, quienes no votaron (Coradini, Tonelli y Attoresi), pedirán la reconsideración de la medida, aún cuando el acuerdo ya fue girado como aprobado al Ejecutivo.
Los concejales están convencidos de que hicieron bien las cosas, tanto de un lado como de otro, pero legalmente ¿quién tiene razón?
Cada uno expuso lo que considera su verdad pero Arroyo Al Día de Noche fue a buscar la palabra del Asesor Legar del Concejo Municipal, el Dr. Gabriel Olivé, que en una extensa charla explicó el caso: "Al ser el Secretario Legal y Técnico del primer período de Nizar en la intendencia, entre 2016 y 2018, firmamos un convenio con Shell, que habíamos litigado 14 años.
Perdimos un juicio sideral y llegamos a un acuerdo que era el mejor que podíamos hacer y armonizamos con la empresa. Ésto sirvió de experiencia. El DREI en todo el país está sujeto a un dictamen de una empresa con una municipalidad, que puede traer novedades importantes.
El convenio con ADM, que hipotéticamente se firmó, saca a la empresa de una ordenanza general impositiva para crearle un régimen especial, al fijarle un monto por determinado tiempo y actualizarlo con el IPEC, cuando esa facultad la tiene el Concejo Municipal y no se la puede dar a nadie. Otra observación es que incluyen en ese convenio la Tasa de Organización Portuaria ($ 500 cada camión que ingresa y $ 158 mil que tiene que pagar aparte la empresa).
Éste es el recurso más importante que tiene el municipio, que puede llegar a ser este año de unos 120 millones. Lo cobraría la empresa, se lo gira al municipio y se quedaría con un 9 % por ese servicio. Va a cobrar por algo que no hacía antes. Queríamos que ese canon se pague de manera electrónica para que no se maneje dinero. Se quería modificar el convenio para satisfacer los deseos del municipio. Creo que hasta la empresa sabe que el convenio firmado así no le asegura nada legalmente".
Con respecto a la falta de quórum explicó lo sucedido: "Levantarse de la sesión se hace cuando no se quiere aprobar algo y es una herramienta legal que tiene los concejales para que no se trate un tema que no quieren tratar. Y como una parte del concejo entiende que la aprobación del convenio tiene que salir por mayoría necesaria (4 votos). Cualquier otro criterio no se puede utilizar. Hay que tener 4 concejales para dar quórum y para votarlo se necesitan también 4 votos. No pueden hacer lo que les plazca. Si se utilizan los criterios de la última sesión se puede llegar al absurdo de que el Presidente solo pueda votar una ordenanza. No tiene racionalidad.
Utilizaron el artículo 128 que está en pugna con el 36 de la Ley Orgánica, que reza que para sesionar necesita mayoría absoluta (4 concejales), pero los abogados tenemos esa picardía de forzar las interpretaciones. Hay que usar el sentido común y la racionalidad. La conclusión es simple: la sesión debe empezar con quórum legal y del mismo modo, para votar se debe tener ese mismo quórum legal, de otro modo no se puede votar nada".
