El tiempo
La propuesta del gobierno nacional de gravar en un 35 % la compra de servicios turísticos en agencias de viajes argentinas y en la de tickets internacionales emitidos por agencias o compañías aéreas, trajo aparejado un reclamo airado del sector, que se volverá a movilizar el próximo lunes 21 de septiembre a partir de las 11 por todo el país. Aducen tener que exigir que las leyes se reglamenten y se unifiquen protocolos para circular dentro de Argentina.
El texto reza lo siguiente:
Colegas: la profesión que tanto nos ha dado, hoy nos exige que la defendamos.
Vamos por el NO al 35 % en la compra de servicios turísticos en agencias de viajes argentinas legalmente constituidas. Vamos por el NO al 35 % en la compra de tickets internacionales, emitidos por agencias o compañías aéreas.
Exigimos unificacion de protocolos de circulacion en Argentina.
Exigimos reglamentacion de la Ley.
Tienen que entender que no es a través nuestro que se fugan las divisas. Tienen que entender que el turismo local y receptivo no son viables sin turismo emisivo. Ninguna compañía aérea va a traer aviones llenos de turistas que tengan que regresar sin argentinos que viajen al exterior.
La nuestra es una actividad que genera divisas y puestos de trabajo. Nuestros pasajeros no son terratenientes adinerados que se dedican a viajar por el mundo para expandir un virus. Son trabajadores que tienen el derecho de elegir donde viajar con el dinero producto de su labor.
Por esto es que el 21 de septiembre a las 11 horas marchamos otra vez en todo el país , con remeras negras , banderas , sombrillas. No respondemos a ningún partido político. No respondemos a nadie mas que a nosotros mismos , profesionales que vemos como día a día se bastardea nuestra profesión.
Marchemos por nuestra fuente de trabajo.
Es necesario que esta nota circule entre colegas , amigos minoristas , mayoristas , compañías aéreas , hoteleros , guías. Tenemos que estar todos juntos y visibilizarnos. Invitemos a nuestros pasajeros. Marchamos por nuestros derechos , haciendo uso de la garantía constitucional de peticionar ante las autoridades.
