En lo que respecta al plano legal, el Ingeniero Gabriel Prieto hizo referencia a la ley provincial de Productos Fitosanitarios Nº 11273. La misma, que data de la década del ’90, establece un marco legal general de aplicación de los agroquímicos. A partir de ella, cada municipio o comuna debe legislar adhiriendo a los postulados de la ley provincial o bien proponiendo mayores exigencias y restricciones. Así, en lo concerniente a aplicaciones aéreas, es cada municipio el encargado de delimitar la zona urbana y restringir los productos.
Como bien mencionaba el Ingeniero, en el departamento Constitución, la mayoría de los distritos pusieron en marcha resoluciones mucho más exigentes que los preceptos de la ley: “Plantearon restricción de los productos por clases toxicológicas; se prohibieron aquellos productos que trabajan con presión de vapor, es decir, se volatilizan y van al aire; también, dependiendo de la localidad, se estableció que, en áreas aledañas a las zonas urbanas o de interés como los espacios en los que se encuentran las escuelas, solamente se pueden emplear productos de banda verde.”
En cuanto a la aplicación de los productos, la ley contempla como obligatoria la presencia de un profesional a la hora de llevar a cabo la fumigación. Éste debe estar pagado por el productor y tiene como máxima estar presente desde el inicio hasta la finalización del proceso. Según Gabriel Prieto: “El profesional debe certificar con receta agronómica de aplicación que el producto se encuentra permitido; quien legisla sobre la calidad del producto es el SENASA. Lo que busca este organismo es garantizar la inocuidad de los productos, es decir, afirmar y corroborar que no causan daños para el ser humano.”
Finalmente, el Ingeniero aludió a los casos concretos en los cuales se ha construido un barrio en medio del campo o muy cercano a éste. En estas
ocasiones, el productor debe fumigar indudablemente con productos bajo la banda verde pero la operación debe estar verificada por un profesional: “Creo que es necesario dejar los fanatismos de lado y sentarse a dialogar en base a información científica. El INTA fue consultado 6 años atrás por el gobierno de Arroyo Seco y en esa ocasión puse el ejemplo de Pavón, una localidad en la cual se puede pulverizar pegado al pueblo, pero el técnico está presente; lo mismo sucede en Godoy: la profesional garantiza que se están haciendo las cosas bien.” Y agregó: “El vecino no tiene que sufrir una deriva del campo. Es una cuestión de respeto mínimo del productor y el compromiso con una producción; lo que promueve el INTA son buenas prácticas agrícolas: habla del uso de agroquímicos para protección de plagas y enfermedades con las indicaciones del SENASA con el fin de que el uso no tenga consecuencias para la salud. Todo tiene un costo ambiental, lo que tratamos es que el costo ambiental sea menor.”
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